El proyecto de ley que figura en la web de AMMAR (1) contempla la creación de una Oficina encargada de registrar a las mujeres prostituidas (la Oficina Nacional de la Protección al Trabajo Sexual - ONPTS). Todas las “trabajadoras sexuales” se verían obligadas a aportar una parte de lo que cobran por cliente a esta oficina estatal, y a adscribir a la normativa por esta dictada (pagar el tributo establecido, llevar una libreta sanitaria, etc.) o, de lo contrario, de no poder cumplir con estos requisitos (dato importante puesto que la inmensa mayoría de las mujeres prostituidas son pobres e inmensamente vulneradas) (2) serán empujadas a la clandestinidad. 

Además, uno de los puntos principales de las propuestas de estas organizaciones consiste en la habilitación de los “establecimientos que brindan servicios sexuales”. Esto no puede consistir en otra cosa que en la legalización de la explotación: estos establecimientos no están puntualmente a cargo de las mujeres prostituidas, sino de ciertos “administradores” que se benefician económicamente de la prostitución de las mujeres que la ejercen en su recinto. ¿No dice el reglamentarismo defender la autodeterminación y la autonomía, la libre elección de las mujeres prostituidas? Entonces, ¿por qué avalar legalmente a quien se apropia de sus “ganancias”? ¿Por qué avalar legalmente al proxeneta que las explota? Y es que de eso se trata el objetivo detrás de tanto discurso.

Actualmente, las mujeres en situación de prostitución pueden acceder al monotributo social, o convertirse en monotributistas bajo algún eufemismo como masajista. El monotributo per sé les da acceso a la obra social y la jubilación como monotributistas y la ventaja es que no pagan por cantidad de “clientes” y de “ventas” sino solo el monto implicado en el monotributo.

En caso de que se regule se tendrán que prestar registro de todas las actividades que hagan y pagar una comisión o lo que se determine que les cobre el Estado por cada “cliente” que atienden igual que en cualquier otro trabajo: en cualquier comercio las personas facturan y con base en esa factura pagan un determinado impuesto.  Con este viraje legal, la apropiación del dinero generado con la prostitución no se terminaría en favor de la mujer prostituida: sólo cambiaría de manos, se legalizaría la actividad de enriquecerse a costa de la prostitución de esas mujeres, poniendo de por medio al Estado.

Por otro lado, todo lo que tiene que ver con salubridad o seguridad e higiene está enfocado en el hecho de asegurarle al “consumidor” de prostitución (porque el proyecto reglamentarista pone en un rol de consumidor al varón prostituyente) la garantía de que está consumiendo un cuerpo sano, que hace tantos meses se hizo los últimos análisis (esto se logra con la creación de una libreta sanitaria para cada mujer prostituida, también estipulada en el proyecto), sin decir en ningún momento el proyecto de ley qué va a pasar con las personas que estén “trabajando sexualmente” si se contagian enfermedades, qué garantías las protegen, qué obra social las va a amparar. No se hace ninguna especificación al respecto.

Todo esto parece indicar que el proyecto está diseñado bajo la preocupación por generar ganancias bajo un marco legal. No queda realmente a la vista el supuesto objetivo de velar por la situación de las mujeres prostituidas.

En una conversación reciente, una voluntaria en el área de legales de la organización Madres Víctimas de Trata nos ilustra los fines predominantemente lucrativos de este proyecto con un ejemplo específico:

“cuando en 2015, en España, se propuso regularizar la prostitución, las campañas políticas que se hacían decían que de la regulación se recaudarían seis mil millones de euros. O sea que está claramente enfocado al negocio, es plata que se les va a sacar a las “trabajadoras sexuales” para ingresarlas al Estado. Ahí se ve que hay todo un negocio y una mafia detrás que quiere vender la reglamentación para obtener plata de eso, porque esos seis mil millones de euros que entrarían, toda esa plata la estarían poniendo las trabajadoras, porque esa plata de dónde saldría más que de su “trabajo” sexual, esa plata la ingresaría el Estado cobrándoles a esas trabajadoras el impuesto a las ganancias y los demás que se cobran a los trabajadores.” y luego agrega: “Si vemos que por un lado la ley que reglamenta está enfocada en asegurarle al putero un consumo de calidad, por otro lado está enfocada principalmente para ganar plata, y en cualquier caso para pasar el negocio de unas manos a otras, porque lo único que se hace es blanquear esa plata porque esa plata ya la consume la policía o se va en todas las coimas que cobran la municipalidad y los gobernadores. Toda esa plata ya se mueve en negro, pero lo que se haría es blanquearla, entrarla a las arcas del Estado.”

Esto supondría, además, que el Estado mismo se constituyera en un gran proxeneta. Cobrarle a esas mujeres por cada ingreso que reciben cada vez que se prostituyen, beneficiarse económicamente de la prostitución ajena: eso no es otra cosa que proxenetismo y trata de personas.

Además, la compañera de MVT menciona que los derechos prometidos por el reglamentarismo ya les corresponden a las mujeres prostituidas por el hecho básico de ser humanas. No se trata de encajar en un marco legal y normativo una situación de explotación (recordemos que la amplia mayoría de mujeres prostituidas no son aquellas que lo hacen por cuenta propia y que se verían beneficiadas en tanto autónomas con el reconocimiento estatal de su actividad). Se trata, más bien, de exigir al Estado el respeto y efectivo cumplimiento de los derechos humanos que por los tratados internacionales a los que nuestro país adhiere ya les corresponden a todas las mujeres.

 

“Es importante hacer hincapié en esto: que crean que es mejor estar pagándole al Estado plata por defender los derechos que ya deberían tener... o sea, esos derechos son suyos por ser personas, no necesitan además pagarle al estado para que les garantice seguridad (…) En la búsqueda o el hecho de que se respeten los derechos humanos en todos los casos, no solamente en los casos de las personas en situación de prostitución, casi siempre hay que ejercer una lucha o una presión social muy grande para que se respeten porque de por sí es raro que se respeten solos. Lo que hay que lograr es que se respeten los derechos humanos de las personas o generar esa presión para que se respeten: no hace falta hacer leyes a parte de las que ya están, de todos los tratados de derechos humanos que existen. Se tienen que respetar esos derechos, sin necesidad de una ley que regule la prostitución como “trabajo”.”

Sumado a todo ésto, hay otro detalle que no debe olvidársenos, un detalle que comúnmente se omite y no de modo inocente: la prostitución autónoma ya es legal. La legislación vigente no persigue ni establece penas para las mujeres que autónomamente y por sí solas ejercen la prostitución. La lucha histórica del colectivo abolicionista ha conseguido la derogación de esos códigos contravencionales.(3) Actualmente a quienes se pena es a los proxenetas, a los tratantes: aquellos que explotan la prostitución ajena y con los que solemos encontrarnos más frecuentemente cuando de prostitución se trata. También cabe aclarar que entre la idealidad del derecho y la materialidad de la vida real hay una brecha, y que esta legislación no ha impedido que la policía continúe criminalizando a las mujeres y avalando la actividad de sus explotadores, cobrándoles coimas para mantener los prostíbulos funcionando o participando ellos mismos de las redes de explotación. Por algo decía Sonia Sánchez que Argentina es abolicionista en el derecho, pero proxeneta en los hechos.

Es importante, con respecto a la propuesta regulacionista, recordar las palabras de la Campaña Abolicionista:

“REGULAR es REGLAMENTAR, es someter o determinar reglas o normas a las que debe ajustarse alguien ó algo. Es una instrumento coactivo y autoritario que convierte en “regentas” de sus propias compañeras a un sector de la dirigencia prostituyente, en este caso con “Oficina Nacional de la protección al trabajo sexual” (ONPTS), nombrada en el proyecto que nos ocupa, y que ahora determinará quién queda fuera y quien dentro de esta “regulación”, cobrarán cuota por “acreditar pertenencia”, y se asociarán con estamentos del estado para legitimarse, convirtiendo al estado mismo en un Estado Proxeneta. El proyecto de Ley “regula” la prostitución de “encierro” ya que deberá ser “ejercida en locales” y constituye en clandestinidad (lo que presupone penalidades) a quienes no se quieran incluir. Identifica con credencial “innominada” a quienes se quieran ceñir a sus normas e identifica con un Nº de código (sic), confirmando con este hecho que lo que se intenta borrar es la condición de personas.”(4)

Ahora bien, si el proyecto de ley elaborado por AMMAR tuviera la simple intención de otorgar una serie de garantías estatales a un conjunto de mujeres que ejerce la prostitución en la autonomía, esto es, sin depender de ningún proxeneta que esté explotándola y enriqueciéndose a costa de su prostitución, las cosas no serían tan graves. Pero acá hay que señalar dos cosas: en primer lugar, ese conjunto autónomo y felizmente autodeterminado es tan minoritario que hasta carece de relevancia en la alarmante estadística. Como ya mencionáramos, la amplia y en verdad representativa mayoría de las mujeres en prostitución son las mujeres explotadas. Teniendo esto en cuenta, tampoco serían tan graves las cosas si el proyecto de ley de AMMAR se propusiera entonces otorgar garantías estatales a esa pequeña porción de prostitutas autónomas. En todo caso cabría preguntarnos, o preguntarles, qué piensan al respecto de la situación del resto de sus compañeras, de esa gran mayoría de mujeres que está en situación de explotación sexual, y por qué, además, continúan diciendo hablar en nombre de todas las putas.

La segunda cosa a tener en cuenta, que sí agrava la cuestión, es que, precisamente, el cometido de AMMAR no consiste siquiera en otorgar garantías a esa pequeña proporción no representativa de “trabajadoras sexuales” autónomas. La realidad es que la realización del proyecto de esta organización sí tendría consecuencias para todas “las otras”, para la gran mayoría de las mujeres que están siendo explotadas y representan la cara real de la prostitución. Porque si su "trabajo" es un trabajo como cualquier otro, sus explotadores serían simples jefes. Los proxenetas que ganan miles de pesos diariamente a costa de la mercantilización de sus cuerpos en el marco de un sistema patriarcal que reduce a las mujeres a objetos de consumo y satisfacción masculina se convertirían en simples empresarios, y, en este caso, todas estas mujeres no tendrían motivos legales ni argumentativos para pedir ayuda, para ser consideradas víctimas de esta explotación sistemática a las cuales, en tanto tales, deben restituírseles sus derechos.

Las mujeres en situación de prostitución, en su arrasadora mayoría (por no decir todas), han llegado a esa situación por razones de vulnerabilidad en un sistema que feminiza la pobreza y que nos relega al rol de objetos de consumo y mercancías al servicio masculino de modo cultural y estructural, bajo el patriarcado. Teniendo esto en cuenta, estas mujeres son víctimas de un sistema que ningunea sus derechos humanos, víctimas de la falta de oportunidades reales y de la vulnerabilidad económica y social. Víctimas directas del patriarcado. Si les otorgamos condición de trabajadoras, ya no cabe hacer ningún reclamo para resarcir los daños que genera esa vulnerabilidad, para sacarlas de esa situación. Porque serán trabajadoras. Sin más. ¿Explotadas? ¿Marginadas? ¿Sin oportunidades? El Estado podría perfectamente contestar que ellas son trabajadoras como cualquier otro trabajador de cualquier otro rubro, ¿qué garantías, qué reparaciones y restituciones como sujetas de derechos vamos a darles si no asumimos, a priori, que son víctimas de un sistema, que fueron vulneradas, si las consideramos solo unas cuantas trabajadoras más?

Que las mujeres recurramos a la prostitución es en sí denotativo de la violencia patriarcal-capitalista, es un síntoma de la explotación y la opresión a la que se nos somete. AMMAR propone reglamentar el síntoma, darle un marco legal a una situación que habría que cuestionar desde su raíz, amparándose en la falacia de la libre elección y la autodeterminación cuando la realidad es que la prostitución autónoma es un ideal, una utopía, lejos de la realidad de la vasta mayoría que está siendo explotada y ha llegado a esa situación de explotación empujada por la vulnerabilidad y la marginación. Apoyándose en la falacia de la autodeterminación y la libre elección promueven la legitimación de lo que en realidad es un producto de la vulneración sistemática y estructural de las mujeres.