El objetivo por el que AMMAR lucha como representante del reglamentarismo en nuestro país consiste, en todos los países del mundo, en la legislación por ellas propuesta más el agregado de que el proxeneta se vuelve legal. Lo dicen los lineamientos de las organizaciones a las que adscriben. Lo dicen ellas mismas cuando en sus entrevistas hablan del proxeneta como jefe y de los prostíbulos como meros establecimientos de trabajo que deben permanecer abiertos. Uno de tantos ejemplos: en sus historias de Instagram, Georgina Orellano respondió a una pregunta: “¿Qué es ser proxeneta?”. Su respuesta: “El que se queda con un porcentaje de tus ganancias. Proxeneta serían en todo caso sus jefes/as”.

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En la misma línea de descriminalización del proxeneta (el explotador), Orellano ha equiparado completamente, en entrevistas (1), la explotación sexual con la mera explotación laboral:

“La explotación a la que se enfrentan las trabajadoras sexuales en relación de dependencia es la misma que hay en las fábricas. La diferencia es que en nuestro trabajo es considerado un delito” 

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Primera observación: la legislación nacional no persigue ni penaliza a las personas en situación de prostitución. La prostitución autónoma ya es legal. Lo que es considerado un delito es el proxenetismo, la explotación sexual.

Y luego continúa:

“Pero las compañeras que están siendo explotadas o trabajan en relación de dependencia no son víctimas de trata: son mujeres trabajadoras sexuales con malas condiciones de trabajo”.

Sí, son víctimas de trata. La ley 26.842 de trata de personas lo dice bien claro. La trata de personas consiste en una serie de tipos de explotación, entre los que se encuentra, precisamente, la explotación de la prostitución ajena. Si esas mujeres están siendo explotadas, si alguien se está beneficiando de su prostitución, esa persona es un proxeneta, porque ésa es la definición de proxeneta. Y no son sólo malas condiciones de trabajo: es explotación sexual, contemplada por la ley de Trata como causal del delito de trata de personas. ¿Está defendiendo, acaso, el proxenetismo o, lo que es lo mismo, la trata de personas? ¿No era que defendían a las prostitutas en tanto autónomas? ¿O es que defienden a sus explotadores?

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Más adelante, agrega sobre el Estado que “No nos protege; todo lo contrario: nos persigue y genera cada vez más políticas de criminalización” ¿A quiénes criminaliza? Tenemos que decirlo de vuelta: la prostitución autónoma es legal. La ley vigente no persigue a las prostitutas y eso es una conquista del abolicionismo. ¿O cuando dice 'nos persigue' se refiere a otro sector? Porque claro, el proxenetismo sí está penado. A pesar de que continúen existiendo en nuestro país códigos contravencionales, que el abolicionismo ha luchado hitóricamente y continúa luchando por derogar para cesar la persecución de las mujeres prostituidas, no podemos perder de vista que lo que el reglamentarismo persigue tras el discruso de la descriminalización es la legalización del proxenetismo. Queda claro en los dichos de sus dirigentes y en los lineamientos de sus financistas internacionales, como veremos a continuación.

Orellano añade que ante la desprotección “las compañeras buscan protección y ahí es donde aparece la tercera parte, los intermediarios”, que “Frente a la ausencia del Estado, protegen a la trabajadora sexual”, quedándose con una parte de sus ganancias. “Intermediarios” y “terceras partes”, que a esta altura ya nos sonará conocido, es el nombre eufemístico que el lobby proxeneta internacional otorga a los proxenetas. Así que según estos dichos, nuestros explotadores nos protegen. Lo que está haciendo es revestir de un carácter bondadoso y protector al explotador, perfectamente a la medida del discurso de sus financistas extranjeros, tan interesados en naturalizar y convertir en socialmente aceptable la explotación patriarcal de las mujeres.

Al final, Orellano remata: “Es lo mismo que pasa en la fábrica, donde la patronal se queda con la plusvalía”. De nuevo podemos ver la banalización de la explotación patriarcal: un hombre que se enriquece a costa de prostituirnos, es decir, que vende la sexualidad de las mujeres como producto siempre disponible para la satisfacción masculina, un hombre que, en definitiva, nos explota sexualmente, es un patrón más. Un simple jefe, un mero empresario. Debemos preguntar, ¿los patrones nos protegen? Si la figura del proxeneta fuera equiparable a la de un patrón de fábrica, ¿entonces estaría todo bien? La dirigente de AMMAR minimiza y acepta la explotación capitalista para encima equipararla con la explotación sexual como si fueran lo mismo, como si la prostitución no tuviese ningún agregado misógino, nada de machista, como si no contase con el agravante fundamental de insertarse en un sistema estructuralmente patriarcal que concibe a las mujeres como mercancías destinadas a enriquecer a los hombres que las venden y satisfacer sexualmente a los que las compran.

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Por si todavía no nos terminaba de quedar claro su posicionamiento, un poco más adelante en la misma entrevista Orellano vuelve a dejar clara su defensa de estas “terceras partes” (de los proxenetas, de quienes se quedan con el dinero generado por las mujeres prostituidas). Cuando se le pregunta por estos “intermediarios”, ella responde que los locales, manejados por proxenetas, donde las mujeres son explotadas, no deben cerrarse. Argumenta que algunas trabajan en lugares donde “se sienten cómodas” y hasta en algunos casos “se quedan con el 50%” (qué generosidad que se les permita quedarse con la mitad de lo que se les pagó por prostituirse)

En esta misma línea, en otra entrevista (2), afirma:

“Los espacios donde nosotras podríamos llevar a cabo nuestra actividad están criminalizados, más allá de que la prostitución no es ilegal en Argentina. Pero, decime, ¿en qué lugar puedo ir a trabajar sin tener que ser perseguida por la policía? Se prohibió el rubro 59 donde se imposibilita que podamos publicitar nuestros servicios en los avisos clasificados. (...) En 12 provincias y en decenas de municipios están prohibidos los cabarets y whiskerías.”

“Whiskería” es un eufemismo para denominar al prostíbulo. El prostíbulo es un establecimiento donde se ejerce la prostitución. Spoiler alert: los prostíbulos no están precisamente manejados por las prostituidas, sino por unos señores muy considerados que les cobran los pases (a veces, menos mal, solo el 50%) y hacen miles de pesos por día explotándolas sexualmente. Sin embargo, como pudimos ver, Orellano se la pasa defendiendo la descriminalización de estos establecimientos, al igual que los multimillonarios del lobby internacional que la financian.

Así, vemos que en su declaración hay unas cuantas cosas que se omiten. Los espacios de los que habla son los prostíbulos y están criminalizados porque no los manejan precisamente las prostitutas. Los manejan los proxenetas que las explotan y la explotación sexual está penada por ley, siendo esto precisamente lo que el reglamentarismo y sus financistas internacionales se proponen deshacer. Lo mismo pasa con los anuncios. Las que invierten en publicidad no son precisamente las putas, son sus tratantes. ¿Todos los espacios donde podrían llevar a cabo su actividad están criminalizados? ¿O aquellos que implican la explotación de las mujeres, a costa de la que muchas de las integrantes de su organización procesadas por trata de personas se enriquecen?

Una y otra vez parece olvidárseles (interesado olvido) a quienes defienden el tan llamado “trabajo sexual” que todo fenómeno social se inscribe en un todo mayor, que los hechos deben concebirse como productos de las lógicas sistemáticas de poder que estructuran a la sociedad, que el argumento de la libre elección pierde toda su validez en un mundo de opresores-explotadores y oprimidos-explotados (oprimidas-explotadas). Que la inmensa y aplastante mayoría de las personas prostituidas sean mujeres y niñas nos dice algo. Nos dice mucho. Y es que bajo el matrimonio perfecto entre patriarcado y capitalismo son nuestros cuerpos los que son apropiados para generar ganancias y satisfacer sexualmente a los hombres.

Debería parecernos cuanto menos sospechoso un “feminismo” que defiende la institución que combina por excelencia el capital con el patriarcado y que pretende legalizar a quienes hacen ganancias millonarias explotando mujeres. Porque esto no nos lo inventamos, porque esto es lo que dicen las propias militantes del reglamentarismo en sus declaraciones y en sus adhesiones, esto es lo que defienden y predican desde el momento en que adscriben a los lineamientos del lobby proxeneta internacional como lo son la OSF, la Red Umbrella Fund, la NSWP y todas las que hemos enumerado, en su mencionada lucha por la descriminalización de las “terceras partes”.