Detrás de lo que el reglamentarismo denomina “trabajadoras sexuales” existe en realidad toda una gama de distinciones, distinciones que el término oculta en su función homogeneizadora, y que un artículo de 2017 publicado en el portal de la organización Razón y Revolución (1) explica muy bien en términos de clase: existen las mujeres prostituidas que ejercen la prostitución en relación de dependencia con un “patrón” (un proxeneta), las que son autónomas (no entregan plusvalía a ningún capitalista pero tampoco la extraen de otras) y aquellas que son “burguesas”, que obtienen un ingreso que excede el valor de su fuerza de trabajo o que viven directamente del trabajo ajeno. En esta categoría entran la prostitución “vip” y el proxenetismo. Todas estas variantes oculta el discurso regulacionista cuando habla de “trabajo sexual”.

Las referentes de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR, mayor exponente del regulacionismo en nuestro país), muchas de las cuales han sido procesadas por facilitación de la explotación sexual y por trata de personas (2), elaboran su discurso sobre una idea cuanto menos engañosa respecto de la prostitución. Del conjunto de lo que ellas denominan Trabajadoras Sexuales, de todas las distinciones que se ocultan detrás de ese término, el ideal de la autodeterminación y la libertad que suelen vendernos representa sólo una porción. Una porción que, dicho sea de paso, es minoritaria (en Europa se estima que menos de un 1% pertenece a la categoría de escort o prostituta de lujo), una porción que no soporta una estadística por lo mínima y que es, como tal, privilegiada. 

La realidad es que la vasta mayoría de las mujeres en ejercicio de aquello que las reglamentaristas tanto gustan llamar “trabajo sexual” está en relación de dependencia (3) con un conjunto de sujetos que el reglamentarismo eufemiza como “jefes” pero que son, en definitiva, hombres o mujeres que se benefician de la prostitución de estas mujeres, que se enriquecen a costa de la prostitución ajena. Es decir, que son proxenetas. Es decir, que practican la trata de personas.

Dicho esto, el discurso del reglamentarismo esconde deliberadamente la cara cruda y real de la prostitución, de todo aquello que invisibilizan las dirigentes de AMMAR cuando hablan de “trabajo sexual”: la explotación. Es la explotación la realidad y la situación de la mayoría aplastante de las mujeres en situación de prostitución, es la explotación la cara real del tan llamado “trabajo sexual” y no ese ideal de las trabajadoras presuntamente autónomas y libres que quieren gozar del derecho de acceder a la seguridad social como tales. Es la explotación, también, lo que se pretende legalizar en el afán reglamentarista. En la legalización del proxenetismo radica el motivo real de todas sus maniobras discursivas.

En palabras de las compañeras de Razón y Revolución: “En tanto la prostitución autónoma es perfectamente legal, la defensa, por parte de AMMAR, de la prostitución “libre” no puede significar entonces otra cosa que el blanqueo del proxeneta. Luego, AMMAR se revela como una cámara patronal.”

El proyecto del reglamentarismo, en caso de beneficiar a alguien (lo cual, como veremos, es también discutible) beneficiaría solo a esta pequeña porción privilegiada y no solo NO beneficiaría a la vasta mayoría, sino que la condenaría a una situación aún peor, una situación en la cual sus explotadores contarían con el aval legal para continuar extrayendo cuantiosas ganancias del acto de violentar, cosificar y mercantilizar sus cuerpos.